El Banco Central Europeo (BCE) ha avisado este jueves de que el impuesto extraordinario y temporal a la banca planteado por el Gobierno requiere un "análisis exhaustivo" de sus posibles consecuencias negativas, con el objetivo de evitar "riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos, lo que podría afectar negativamente al crecimiento económico real". 

"El gravamen debe considerarse cuidadosamente en lo que se refiere a su impacto en la rentabilidad de las entidades de crédito afectadas", señala la autoridad europea, que avisa de que el importe del impuesto podría no ser proporcional a la rentabilidad de los bancos que tengan que abonarlo, por lo que ve importante que pueda repercutirse a los clientes.

"El BCE recomienda que la propuesta legislativa vaya acompañada de un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario, detallando, en particular, el impacto específico del gravamen temporal sobre la rentabilidad de las entidades de crédito y financieras afectadas y sobre las condiciones de competencia en el mercado, de manera que se garantice que su aplicación no plantea riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos", señala el organismo presidido por Christine Lagarde.

Además, la autoridad financiera europea apunta a que "la aplicación del gravamen únicamente a determinados entidades de crédito españolas podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la unión bancaria". Igualmente, cuestiona el hecho de que haya entidades en pérdidas que se vean obligadas a pagar el impuesto temporal, algo que, a juicio del BCE, "distorsionaría significativamente y perjudicaría aún más la resiliencia de un banco deficitario". 

Pese a no ser un dictamen vinculante, el BCE se pronuncia de este modo, a solicitud del Banco de España, sobre el gravamen temporal planteado por el Gobierno, que afecta a aquellas entidades financieras cuya suma de ingresos en el año 2019 sea igual o superior a 800 millones de euros. De aprobarse la proposición de ley, la banca deberá abonar dicho impuesto en 2023 y 2024. El organismo presidido por Lagarde, que pide "una terminología más clara en el texto final sobre el criterio a la hora de determinar las entidades" afectadas, recuerda que "ya se ha pronunciado anteriormente sobre otros proyectos de legislación que introducían gravámenes dirigidos a las entidades de crédito en varios Estados miembros".

La autoridad financiera europea sostiene que "no sería deseable utilizar los ingresos procedentes de los impuestos recaudados de las entidades de crédito con fines presupuestarios generales", porque podría provocarse "perturbaciones económicas" y, en consecuencia, limitar su capacidad de conceder crédito, "empujándolas a ofrecer condiciones menos favorables a los clientes". "Esto crearía incertidumbre y afectaría negativamente al crecimiento económico real", afirma el BCE, que recomienda "una clara separación entre la cuenta extraordinaria creada a partir de los ingresos procedentes de los gravámenes y los recursos presupuestarios generales".